¿Guillotinados?


Paralelismo entre dos juicios en la historia.

El juicio de Maximilien Robespierre contra el Ministro de Justicia de la Asamblea Legislativa de 1794 Georges Jacques Danton (Revolución Francesa) y el antejuicio de mérito  contra la Fiscal General de Venezuela Luisa Ortega Díaz (Robolución Socialista Bolivariana).

No soy hombre de leyes, pero a toda luz se aprecian extravagantes barbaridades jurídicas y de sentido común que aterran. Si son capaces de armar semejante circo contra una alta autoridad por discernir con el régimen, que no le harán a un simple ciudadano de a pie.

Solicito las disculpas por mi poco conocimiento de leyes y por el atrevimiento de comparar estos dos acontecimientos, pero ambos tienen algo en común: el aniquilamiento de los supuestos acusados. A Danton lo condenaron arbitrariamente a la muerte en la guillotina, y a la Fiscal General de Venezuela Luisa Ortega Díaz buscan declararla incompetente, loca, peligrosa para el régimen, etc. para destituirla y aniquilarla como ciudadana y reemplazarla ilegalmente por otra fiscal adecuada a sus intereses.

  1. Para empezar el motivo del antejuicio de mérito que realiza el TSJ, es porque la Fiscal General de Venezuela Luisa Ortega Díaz, denunció que hubo irregularidades en el nombramiento de 17 miembros de ese TSJ por la anterior AN, de mayoría chavista en diciembre 2015, y para fortalecer su denuncia afirma que tanto ella y la ex secretaria del Consejo Moral Republicano (CMR) María José Marcano, aseguran no haber firmado tales nombramientos como exige la ley, por lo tanto todo aquello debe ser declarado nulo, de acuerdo a ley. Por ello el diputado del Psuv Pedro Carreño, solicitó un antejuicio de mérito directamente al presidente del TSJ, y no por secretaria como corresponde, porque la Fiscal comete “faltas graves”.
  2. En cualquier proceso legal para que sea garantizado el debido proceso y la imparcialidad, los sujetos involucrados en toda denuncia, no pueden ser parte del jurado, por lo tanto lo mínimo que se puede esperar es que aquellos ciudadanos involucrados deben INHIBIRSE, por estar involucrados en la denuncia. Ellos no pueden ejercer equilibrada justicia, ni garantizar la debida imparcialidad, ni pueden manifestarse porque están involucrados directamente, y tienen poder de decisión en la futura sentencia.
  3. Las supuestas pruebas, han permanecido todo el tiempo en manos de las partes acusadoras y testigos, con la debida suspicacia de cualquier  adulteración.
  4. Acusador, testigos y jueces pertenecen al mismo partido gobernante, por ende como pretenden ejercer objetiva justicia y debida imparcialidad, cuando evidentemente son parte interesada en no salir perjudicados.
  5. El contralor aduce que ellos tienen el deber de la moralidad y muy presto recurre a ello para argumentar los delitos –no faltas graves- que ha incurrido la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y la ex secretaria del Consejo Moral Republicano (CMR) María José Marcano –hoy prófuga-, sobre todo esta última por hacer declaraciones fuera del país contra el régimen. Pero hasta el día de hoy la moralidad del contralor reboza de alzhéimer, pues ante tantos delitos cometidos por funcionarios del régimen perjudicando enormemente a la nación, no ha solicitado una sola denuncia, de la cual es también cómplice, ya sea por acción u omisión.
  6. El acusador diputado Pedro Carreño y el Defensor del puesto –digo del Pueblo- Tarek William Saab Halabi, muestran “copias certificadas” de documentos, citaciones, libro de actas, donde dice que la fiscal tenía conocimiento de las reuniones para el nombramiento de los jueces del TSJ. El estar citado, el que existan actas de esas reuniones, NO garantizan su APROBACION en tales designaciones, por lo tanto y más importante es su desconocimiento a esos ilegítimos nombramientos, por eso que sus firmas de la Fiscal General y la de la Secretaría del Poder Moral no aparecen en los documentos que ella denunció. Todos los documentos que muestran han permanecido en sus manos, y se puede sospechar de cualquier adulteración, como aparentemente evito sugerir del defensor del puesto, que se aprecia cuando presento el libro de actas donde se observa la página en cuestión y vital en ese amañado juicio, que presenta cinta adhesiva, dejando entrever que pudo haber sido arrancada y colocada “otra en su lugar”, versión que el defensor del puesto asegura haber colocado esa cinta para fijar la hoja que fue intentada de arrancar por La ex secretaria del Consejo Moral Republicano (CMR) María José Marcano .
  7. Creo que hizo bien la Fiscal General Fiscal General Luisa Ortega Díaz, en no presentarse a convalidar ese circo montado, tan similar en intenciones al juicio ejercido por el Poder Legislativo de la Revolución Francesa contra G. J. Danton –claro con sus marcadas diferencias respectivas-, pero que en el fondo pretenden hacer lo mismo, guillotinar la verdad, para ocultar delitos y defender intereses oscuros.

Estoy seguro, tal como ha sucedido en este país de las fantasías, de las ideologías y de lo absurdo, contra toda objetividad y la verdad, el régimen intentara salirse con las suyas.

Espero que la oposición, la Fiscal General y la población entera, puedan rechazar todo intento del régimen de perpetuarse en el poder, por la salud democrática en el continente y la defensa del derecho como establece el sentido común de todo hombre de bien.

Pablo Pueblo.

 

 

 

 

 

 

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